lunes, 13 de junio de 2011

Manifiesto 19-J Castellón

Somos personas libres y voluntarias que reivindicamos la dignidad y la conciencia social, unidas ante todo por una voluntad de cambio hacia una sociedad que dé prioridad a la vida por encima de los intereses económicos y políticos, es necesaria una REVOLUCIÓN ÉTICA. Nuestra lucha es una apuesta PACÍFICA para que la sociedad sea la protagonista del cambio.
No representamos ningún partido ni asociación, y tampoco ninguno nos representa.  La asamblea se declara ASINDICALISTA, APARTIDISTA Y LAICA. De igual forma, las personas que se organizan a través de asociaciones están invitadas a participar; pero en ningún caso el movimiento será un espacio de divulgación y promoción de estas agrupaciones ciudadanas, sino un punto de encuentro para la autoorganización social.
La responsabilidad del movimiento es colectiva, todos y todas estamos invitados a debatir, crear y participar en las decisiones y acciones realizadas así como en sus consecuencias.
La lucha unitaria del movimiento es por una democracia participativa. Consistente en la demanda de los mecanismos que permitan a la ciudadanía ejercer la democracia directa, como referéndums y la reforma de la actual ley electoral. La imposición de la consulta popular obligatoria y vinculante para la elaboración y aprobación de los presupuestos municipales, autonómicos y estatales y cuestiones de gran envergadura como directrices europeas. Y el establecimiento de un sistema asambleario donde los/as ciudadanos/as se representa a sí mismos/as, con una participación activa local en los plenos de los ayuntamientos.
Nuestra demanda de mínimos es la siguiente:
  • Transparencia política.
Establecimiento de mecanismos ciudadanos de control de la gestión pública que eviten la corrupción política. Control ciudadano de las actividades económicas de los cargos públicos.
  • Eliminación de los privilegios de los cargos representativos e instituciones confesionales.
1.       Supresión de vehículos oficiales
2.       Mayores sanciones económicas e inhabilitación para el absentismo laboral de cargos públicos.
3.       Eliminación de los cargos de libre designación.
4.       Regulación más estricta del salario de los cargos públicos, concejales y personal de libre designación.
5.       Reducción y transparencia de los suplementos salariales.
6.       Exigir cobrar sólo un salario de la Administración Pública.
7.       Control del patrimonio de los cargos públicos y sus familias.
8.       Mantenimiento y mejora de los servicios públicos garantizando la gestión, ejecución y prestación de los mismos por empleados municipales y empresas de titularidad pública.
  • Control del sistema económico y financiero.
Medidas plurales respecto a la banca y los mercados financieros en cumplimiento del artículo 128 de la Constitución, que determina que “Toda la riqueza del país en sus diferentes formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”.
Prohibición de cualquier tipo de rescate o inyección de capital a entidades bancarias y cajas: aquellas entidades en dificultades deben quebrar o ser nacionalizadas para constituir una banca pública bajo control social.
Devolución transparente e inmediata a las arcas públicas por parte de los bancos de todo el capital público aportado.
Regulación de los movimientos especulativos y sanciones a la mala praxis bancaria.
Aceleración de los procesos de justicia ejercidos contra empresarios y medidas de embargo para los mismos.
Prohibición de inversión en paraísos fiscales.
Reducción del gasto militar y eliminación del armamento militar.
Reducción del poder del FMI y del Banco Mundial.
Abolición de la deuda externa.
Establecimiento de la tasa Tobin a nivel internacional.
Comercio justo mundial.
  • Separación efectiva de poderes legislativo, ejecutivo, judicial.
Independencia del Poder Judicial: reforma de la figura del Ministerio Fiscal para garantizar su independencia, no al nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo.
·         Servicios públicos universales y de calidad.
Consideración como bienes de utilidad pública los servicios de primera necesidad para la ciudadanía como energía, redes de comunicación, alimentación, transportes y banca. Prohibición por tanto de los monopolios y oligopolios privados en suministro de estos bienes.
Educación pública, gratuita y laica. Incremento de profesorado e infraestructuras que garanticen el ratio de alumnos por aula, los grupos de desdoble y los grupos de apoyo.
Sanidad pública y gratuita. Incremento del personal sanitario e infraestructuras para terminar con las listas de espera. Servicios gratuitos de atención a la infancia y personas con necesidades especiales de cura.
Derecho a la vivienda. Declaración de las ciudades como libres de desahucios y desalojos. Donación en pago de las viviendas para cancelar las hipotecas, de forma retroactiva desde el inicio de la crisis. Prohibición de la especulación inmobiliaria.
Movilidad urbana (bus más económico, trenes cercanías de Castellón hacia el norte, gratuidad de parking hospitales).


·         Derechos laborales.
Derogación de la reforma laboral.
No a la reforma de la ley de pensiones.
De acuerdo con los avances tecnológicos reducción de la jornada laboral y de la edad de jubilación hasta llegar al pleno empleo.
Sueldos dignos. Establecimiento de un máximo salarial así como de un mínimo.
Seguridad en el empleo: imposibilidad de despidos colectivos o por causas objetivas en las empresas mientras haya beneficios, fiscalización a las grandes empresas para asegurar que no cubren con trabajadores temporales empleos que podrían ser fijos.
Reconocimiento del trabajo doméstico, reproductivo y de cuidado.
·         Derechos ciudadanos.
Derechos económicos: Renta Básica y prestaciones.
Igualdad: minorías étnicas, sexuales y de género. Abolición de las leyes y medidas discriminatorias como son la Ley del Plan Bolonia, la Ley de Extranjería y la conocida como Ley Sinde.
·         Derecho al ambiente saludable
Apostar por el decrecimiento
Cierre de las centrales nucleares/ apuesta por las energías renovables.
Soberanía alimentaria, fomento de la agricultura del campo, no de las multinacionales.
Fomento de la agricultura agroecológica y no transgénica, basada en modelos no mercantilistas.
Consumo responsable.
Restauración ambiental de las zonas donde se han cometido abusos urbanísticos y moratoria urbanística.

Asamblea de Indignad@s de Castellón

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